XUNIDÁ LLÏONESISTA

El hostelero lacianiego Antonio Arias Tronco ha denunciado ante el cuartel de la Guardia Civil y el Ayuntamiento de Villablino que la empresa MSP continúa sacando carbón de la explotación «con desobediencia total y absoluta a las órdenes judiciales», apunta el representante de la empresa Narsil, promotora de las denuncias que han motivado que los jueces sentencien la absoluta ilegalidad del Feixolín y declaren su clausura, previa restauración.

En los dos escritos, uno dirigido a la Policía Local de Villablino y otro a la Comandancia y al puesto del Instituto Armado en Laciana, Arias Tronco indica que cualquier ciudadano que incumpla una sentencia judicial «sería detenido y puesto a disposición judicial inmediatamente, excepto Victorino Alonso, lo que viene a corroborar los rumores de que goza de inmunidad y protección a todos los niveles». Se refiere al presidente de la empresa Minero Siderúrgica de Ponferrada (MSP).

Respecto a la extracción de carbón, el hostelero indica en referencia a la Guardia Civil que «ustedes son conocedores de que se están cometiendo delitos por incumplir sentencias judiciales por la extracción de mineral ilegal y por el transporte de mercancía ilícita», pero también se refiere a lo que a su juicio es otra ilegalidad, y es que «se está retomando el vertedero-escombrera situado encima de la finca de Narsil, se están haciendo nuevas ocupaciones de monte rústico y se están construyendo pistas y nuevas escombreras».

La denuncia de Narsil se apoya, además, con documentos fotográficos y audiovisuales, que «pondremos a disposición judicial, Fiscalía Especial de Medio Ambiente y Fiscal Anticorrupción».

Por ello, Narsil solicita, por un lado, a la Guardia Civil que ponga en conocimiento del Juzgado de lo Contencioso número 2 de León «los continuos incumplimientos de la sentencia de 18 de noviembre de 2005, tal y como a ello les obliga el decreto de 30 de julio» y, por otro, pide a la alcaldesa de Villablino, Ana Luisa Durán, que «de forma inmediata ordene a la Policía Municipal que haga cumplir la Ley y especialmente los decretos de Alcaldía».

Arias Tronco considera que la Policía Local dispone de medios y autoridad suficiente» para inspeccionar la explotación ilegal diariamente « y comprobar así que se está burlando la ley».

Estas labores de vigilancia se complementarían con la supervisión de la explotación que de manera «periódica y constante» debe realizar la Guardia Civil en cumplimiento del auto del Juzgado de lo Contencioso, de 30 de julio de 2007, para impedir que los camiones abandonen la explotación con carbón procedente de esa corta.

Además de impedir la extracción de carbón del Feixolín, la Guardia Civil a través de los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) tiene la obligación de informar la Juzgado de cualquier «contravención de la orden de suspensión y clausura de la corta».

La sentencia de 18 de noviembre de 2005 ordena al Ayuntamiento de Villablino que realice la actividad administrativa y necesaria para la suspensión y clausura de la actividad y la apertura de procedimientos sancionadores y de restauración a que hubiera lugar.

Pese a todo ello, tal como ha denunciado Narsil reiteradamente, la Minero continúa sacando carbón del Feixolín. Algo que corroboró este medio de comunicación el pasado mes de julio y que, tal como apunta Arias Tronco en el escrito presentado ante la Guardia Civil, también han comprobado los agentes del Seprona.